Todavía recuerdo cuando un concejal del ayuntamiento de Sabadell se atrevió a decir en público que no bebiéramos agua del grifo. No tardó ni un día en retractarse por aquello tan sabido de “no crear alarma social”, a pesar de que la Ley de Aguas española subraya el ciclo hidrológico como recurso “subordinado al interés general” con derecho universal a la información, con énfasis en materia de “vertidos y calidad”.

Yo siempre he creído en la verdad, porque es mucho más peligroso la ignorancia que el análisis exhaustivo de las realidades para poder poner soluciones a los problemas. Si los tapamos, seguirán ahí para siempre; si los visualizamos, pueden concretarse compromisos en aras de una salida coherente y resolutiva. Bastante alarmados estamos ya con nuestro día a día, con la advertencia del uso de armas nucleares que pueden acabar con la vida en la Tierra, como para ocultarnos la realidad sobre el agua que bebemos.

Que el agua del grifo es potable no lo discute nadie; que las plantas de tratamiento funcionan correctamente, también. Que estas no pueden filtrarlo absolutamente todo, es verdad. Por eso se han descubierto microplásticos en el agua que llega a nuestras casas, pero también otras sustancias que no pueden ser correctamente eliminados antes. A pesar de todo, las autoridades afirman que es completamente seguro beberla.

No obstante, el peligro se esconde en el subsuelo y va a parar hasta los grifos de nuestras casas, no siendo correctamente solucionado por las administraciones públicas. Este es el de las tuberías de fibrocemento, un material que se usó de forma desmesurada durante el franquismo. La revolución del amianto en la segunda mitad del siglo XX sembró el país con aquellos populares elementos de construcción que están hoy prohibidos. Queda un puñado por retirar. Aún hoy, se calcula que existen más de 150.000 kilómetros de tuberías de esta mezcla de cemento y asbesto en toda España, sin que exista un plan concreto para sustituirlas por materiales inocuos. Se calcula que este material tiene una vida útil de 40 años, pero muchas de esas canalizaciones superan esa edad. Nos afirman los expertos que no existen evidencias de riesgo para la salud por amianto ingerido, pero sí inhalado. A pesar de todo, pequeñas cantidades de amianto entran a nuestro cuerpo a través del agua del grifo. Aun así, los expertos alertan de que, por el principio de precaución, se aconseja sustituirlas de manera urgente.

Pero es que, además, ignoramos por completo la cantidad de roturas que tiene la red, puesto que, en principio, si estas son inexistentes, no tendríamos por qué preocuparnos. Pero ¿quién certifica que con esas roturas no pasa nada? Diversos estudios confirman que el consumo de agua contaminada con amianto es habitual, ya que, aunque teóricamente la tubería no se desmenuza, no se quiebra, esta se ve alterada por varios factores que liberan fibras de amianto, como la erosión continuada a lo largo de decenas de años de servicio o la degradación del cemento. La clave es determinar si la cantidad que sale de los grifos constituye un riesgo y ahí, dicen los expertos, debe prevalecer el principio de precaución.

Pero muchos ayuntamientos, a pesar de tener las competencias en canalización de las aguas, prefieren callar y tapar, porque el precio de la sustitución es tan elevado que, en la mayoría de los casos, es inasumible. No obstante, cada vez son más los que alertan del peligro, con la intención de que el Estado coja las riendas de un problema del que no se saben exactamente las consecuencias para la salud. Quizás el más conocido sea el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, que hace ya cinco años aconsejó a sus vecinos no beber agua del grifo. Paralelamente, Izquierda Unida presentó en el Parlamento andaluz y en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para la elaboración y aprobación de un Plan de Eliminación de las Conducciones de Agua Potable de fibrocemento, con un horizonte temporal de máximo cinco años por el “riesgo para la salud” que entrañan las mismas. En Cataluña, Aragonès anunció hace unos días un fondo de 10 millones de euros y una oficina para “erradicar el amianto en Cataluña”, pero este no incluye las canalizaciones de agua potable, sino básicamente estructuras y tejados que todavía existen en viviendas particulares, empresas, hospitales y centros educativos.

Esta misma semana, he podido hablar con un alcalde de una localidad almeriense, al que le he preguntado por este asunto. No se esconde; el problema es grave y así lo ha comunicado también a sus conciudadanos. Es consciente de que han asfaltado calles y plazas sin mirar lo que había debajo; era más barato y había miedo a encontrarse con canalizaciones que tenían que ser sustituidas. El presupuesto no daba para todo. No hay ayudas estatales. Mientras tanto, sus vecinos utilizan el agua del grifo solo para las tareas domésticas. Nunca para beber ni para cocinar. El alcalde cree que hay que decir la verdad, aunque esta sea dura, para ver si así alguien hace algo. Se queja de que la guerra en Ucrania está vaciando las arcas estatales y esto afecta a la salud de los españoles, impidiendo que se aprueben leyes que son beneficiosas para nuestra salud. Las canalizaciones de fibrocemento son un problema camuflado del que nadie quiere oír hablar; bueno sí, él asegura que tantas campañas para que bebamos agua del grifo se hacen para ocultar la verdad.

Vuelvo a mi ciudad y veo que en 2017 el pleno del ayuntamiento aprobó un plan para renovar “parte de las canalizaciones” en un periodo de 15 años. Ese “parte” no incluye a todas, y la duración es tan larga como exasperante. En teoría, la parte de renovación y mantenimiento tendría que ir a cargo de los beneficios de la empresa, de CASSA, en este caso. No consta que se haya hecho nada al respecto. ¿Qué hacemos mientras tanto? Yo lo tengo claro.

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